La jueza de Pamplona que dictó la primera condena del Estado contra la banca ética expone que no informó al cliente de los riesgos.

La entidad se opuso a la demanda pero la jueza considera que “no cumplió con todos los deberes de información y de diligencia que le eran exigibles.

Así, explica que la entidad modificó los elementos esenciales del contrato. Si al comienzo el valor de los CDA dependía de los resultados del banco, luego su valor se fijaba según la oferta y la demanda, dejó de comercializarse en un mercado interno para pasar a cotizar en otro sistema multilateral y todo ello afectó a la liquidez del producto una vez que se cerró el mercado ya que no existían compradores interesados.